Las rupturas conyugales han aumentado en 1% con respecto al año anterior; la cifra oficial es de más de 100.000 divorcios o separaciones. El ente oficial, Instituto Nacional de Estadistica (INE), revelo que se estaría hablando de 2,2 casos por cada 1.000 habitantes; además también revelo que las custodias compartidas pasaron del 28,3% al 30,2 %.
Haciendo una clasificación especifica según cada determinado proceso, se produjeron 97.960 divorcios, 4.280 separaciones y 100 nulidades. Según lo que se aprecia en estas cifras oficiales el 95,7% de las rupturas corresponden a divorcios; mientras que la separaciones un 4,2% y apenas el 0,1% corresponden a nulidades. Encasillándolos según su resolución, 65.799 casos se resolvieron por sentencia y 36.542 por decreto o escritura pública.
La duración media de los matrimonios hasta la fecha de la resolución fue de 16,6 años; cifra ligeramente superior a la de 2016 (16,3 años). Los matrimonios disueltos por divorcio tuvieron una duración media de 16,4 años; mientras que la de los matrimonios separados fue de 22,7 años.
Casi la mitad de los 100.000 divorcios o separaciones no tenían hijos
Las cifras también revelaron que en estos 100.000 divorcios o separaciones el 43,3% no tenían hijos; este es un porcentaje bastante parecido al del año anterior. Mientras que el 46% tenían hijos menores de edad y tan solo un 5.4% tenían hijos mayores dependientes económicamente.
Hubo aumento en la custodia compartida
La custodia de los hijos menores fue otorgada a la madre en el 65% de los casos, un punto menos que en el año anterior (66,2%). En el 4,4% de los procesos la custodia la obtuvo el padre (frente al 5% de 2016); y en el 30,2% de los casos fue compartida, dos puntos más que en el año anterior (28,3%) (La tendencia ya se producía desde 2015 cuando suponían un 24,7% del total); y en el 0,4%, se otorgó a otras instituciones o familiares.
Por comunidades autónomas, la tasa de nulidades, separaciones y divorcios en España fue de 2,2 por cada 1.000 habitantes. La ciudad autónoma de Ceuta y Canarias registraron la mayor tasa (2,5 por cada 1.000 habitantes). Por el contrario, Castilla y León presentó la menor, con 1,7 por cada 1.000 habitantes.
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