La Audiencia Provincial en Madrid desestimó la fecha con 22 de noviembre para el recurso de apelaciones interpuestas por la misma Asociación para la Defensa del Procurador (ADP) en contra del auto del 27 de septiembre narrado por la magistrada del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid, la cual es relativa a la acusación de la ADP al personal perteneciente a la Junta de Gobierno del Colegio de Procuradores de Madrid.
De manera concreta, la ADP denunció el ajuste estatutario en el texto aceptado por la Junta General ya en el año de 2003. El Colegio de Procuradores de Madrid ha respondido en muchas ocasiones que el ajuste se relaciona por los preceptivos controles en la legalidad que tenían que hacer el Consejo General de Procuradores en España y la Comunidad de Madrid según la ley de los Colegios Profesionales. De esta manera el auto emitido el pasado 22 de noviembre recalca que la Audiencia Provincial ha reiterado “hasta la saciedad” toda ausencia en el delito, y recuerda cada hecho que se hallaba denunciado, debido a que estaban archivados por la Audiencia Provincial y que necesita de la misma querella para hacerle frente a las distintas personas que no están aceptadas.
Como consecuencia de todo ello, la magistrada ordenó que toda actuación deba ser remitida al Juzgado de Instrucción 30 para la correcta tramitación. Debido a que se trata del mismo juzgado, ya archivó la querella que se ha interpuesto en contra del viejo Decano de Madrid Antonio Álvarez-Builla, y el secretario Ramiro Reynolds¸ gracias a los hechos, lo que parece ser es que esta querella será de igual forma guardada.
Es así como el Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid retiró en su totalidad el respeto y confianza que poseía en la Justicia, y asimismo manifestó la obvia persecución injustificada de ya la mencionada asociación la cual, con unos pocos miembros (7 para ser exactos), se le dio el perfil nacional contra los distintos órganos rectores del colegio de Madrid. En el instante que exista la resolución definitiva de los archivos, comenzaran las tareas legales pertinentes para la denuncia falsa, con el objetivo de proteger cada interés de la procura.
