Después de varias advertencias, la Unión Europea sanciona al Gobierno de España por no cumplir las normas exigidas.
La acusación se debe a 61 contenedores ilegales de basura en varias regiones del país. La mayoría se encuentran en Castilla y León; con una cantidad de 27, le sigue Canarias donde indicaron 24.
Las medidas fueron tomadas para refrenar la multiplicación abundante de estos.
Las autoridades creen haber tomado «las medidas necesarias para asegurar que la gestión de los residuos se realice sin poner en peligro la salud humana. Y sin dañar al medio ambiente; en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la flora».
De igual forma destacan que estos se han conservado durante mucho tiempo y de manera “incontrolada e ilegal”.
El tribunal de la Unión Europea (TUE) criticó que «semejante situación solo ha podido producirse por no haber adoptado el Reino de España medidas coercitivas».
En el mismo sentido de acusación, exponen que tampoco se ha dado señales de que estos contenedores sean mantenidos. Bien sea por ellos mismos, los municipios o algún ente que realice trabajos de tratamiento.
El TUE que tiene sede en Luxemburgo concluyó en la sentencia que España incumple sus deberes. Y posteriormente asegurar que los residuos son tratados como establecen las normas comunitarias.
En su defensa, España manifestó que ha intentado cumplir con normalidad las normas requeridas por el TUE, haciendo un –gran- esfuerzo de su parte. Sin embargo, el proceso le ha costado, calificándolo de complejo.
Enfatizando a su vez que ha sido en un periodo complicado debido a “las graves dificultades económicas y presupuestarias”.
De igual manera las autoridades nacionales se disculparon. Explicando la habilitación de líneas de financiación específicas para arreglar y tratar los contenedores.
España, ya estaba avisada
En los antecedentes destacados, la problemática se viene arrastrando desde el 2007. Fecha en la que el Tribunal de la Unión Europea abrió el primer expediente contra España al diagnosticar 288 “contenedores ilegales”.
Posteriormente Bruselas pidió en el 2014 ante el tribunal de justicia de la UE que atendiera la situación. Y así erradicar la cantidad incontrolada de vertederos que seguían funcionando en el país.
En el 2016 se dictó la primera sentencia por mantener 30 vertederos. Sin embargo, el tribunal ha actuado de nuevo.
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