El gobierno y el bloque opositor de Nicaragua vuelven a la mesa de negociaciones en busca de una salida a la grave crisis política, en un país altamente polarizado, con una economía en deterioro y bajo amenaza de sanciones foráneas.
El primer encuentro será para conocer las propuestas, las condiciones de la negociación y para acordar la metodología del proceso, dijo Azahálea Solís, miembro del equipo negociador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), en una entrevista a la agencia internacional de noticias AFP.
El bloque opositor de empresarios, estudiantes; campesinos y organismos de la sociedad civil propondrá la participación de «garantes internacionales», añadió Solís.
Entre los garantes que serán propuestos para participar en la negociación están la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, adelantó Solís.
El gobierno no ha revelado cuáles temas presentará en la negociación; aunque Ortega, al hacer la convocatoria, centró su interés en la recuperación económica.
La vicepresidenta Rosario Murillo declaró a medios oficiales que el gobierno está trabajando «con firmeza, dedicación y compromiso; (…) por lo que podamos y debemos hacer, todos los nicaragüenses; para encontrarnos y reunirnos en la fortaleza de la reconciliación».
Pero hasta este martes no se había revelado el lugar del encuentro de este miércoles, el horario; ni la modalidad de las conversaciones. El encuentro se producirá nueve meses después de la ruptura por parte del gobierno de un primer intento de diálogo; para resolver la crisis, que se desató con las protestas antigubernamentales que comenzaron en abril de 2018.
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Obispos participaron como mediadores
En aquella ocasión los obispos católicos actuaron como mediadores y testigos. Ortega, de 73 años, alegó que los opositores y la iglesia pretendían quitarlo del gobierno; al proponer una agenda de reformas políticas, entre ellas adelantar las elecciones de 2021 como posible solución.
El mandatario acude al nuevo ciclo negociador bajo señalamientos de parte de opositores y organismos de derechos humanos de reprimir violentamente las protestas; con un saldo de 325 muertos, más de 700 detenidos y miles de exiliados.
«Ortega accedió a dialogar porque la resistencia civil continúa firme; por el aislamiento internacional; la situación de crisis en Venezuela y porque la economía está en caída libre», subrayó Solís.
La crisis política impactó duramente la economía, que se contrajo 4% en 2018 y perdió más de 300.000 puestos de trabajo. La proyección para este año es de una caída del PIB de 11% y más desempleo; según los gremios económicos. El gobierno, en tanto, proyecta una contracción de 1% en 2019.
Ortega, líder del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FLSN); va a querer provechar el diálogo «para confundir y dividir» a la oposición y usar a los presos «como rehenes y carta de negociación»; señaló el excomandante sandinista Luis Carrión.
Pese a la agudización de la recesión económica, expertos consideran que las medidas para enderezar la economía deben ser de orden político. La agenda de la oposición tiene como prioridad «la liberación de los presos políticos; libertad de expresión, de movilización y que se adelanten las elecciones», apuntó Solís.
«El dialogo inicia en un ambiente no apropiado»
Solís, quien participará en el encuentro como suplente del académico Carlos Tünnerman; consideró, sin embargo, que «el dialogo inicia en un ambiente no apropiado porque continúan las detenciones, los secuestros y las intimidaciones».
«La Alianza Cívica ha aceptado el desafío de asistir a esa negociación compleja y llena de riesgos»; advirtió Carrión, uno de los nueve comandantes de la revolución sandinista en 1980 y ahora férreo crítico del gobierno.
Ortega no va a las negociaciones «de buena fe, en busca de una auténtica solución a la crisis. Sus objetivos (…) son neutralizar el aislamiento y las sanciones internacionales; preservar su poder y mantenerse en la presidencia hasta el 2021», añadió Carrión.
El exvicecanciller, Víctor Hugo Tinoco considera de su lado que el gobierno tiene que hacer la concesión más importante; que es la liberación de los prisioneros políticos.
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